Las microfinanzas tienen excelentes bases: permitir salir del círculo vicioso de la usura, favorecer la emancipación de las mujeres, paliar algunas insuficiencias de los bancos tradicionales y proporcionar una red de seguridad financiera a aquellos que deseen invertir. Así pues, responde a una auténtica necesidad para sus 130 millones de beneficiarios en el mundo. Es el arquetipo de un concepto más global, e igualmente prometedor, el del “bottom of the pyramid”: el “mercado de los más pobres”.
Sobre todo, trastoca cierto número de ideas preconcebidas. Por ejemplo, han demostrado a los más escépticos que los pobres tenían, a veces más que los ricos, la capacidad de devolver sus préstamos. Demuestra, en particular a través del principio de la fianza solidaria, que un sistema financiero puede basarse en un vínculo social.                                  

Pero estas consideraciones favorables sobre los objetivos no nos eximen de realizar un análisis crítico de los impactos. Creo que es el momento de hacer un primer balance de las microfinanzas. Es un tema esencial para la AFD, teniendo en cuenta sus esfuerzos en el sector, que nos hace uno de los más importantes actores del mundo en este campo. ¿Qué nos ha enseñado esta larga experiencia?

La historia de la ayuda al desarrollo ha estado marcada por modas, que crean ilusiones de recetas mágicas. Cuando la moda desaparece, necesariamente, la tendencia es de negar todos los aspectos positivos de un instrumento. Ahora bien, claramente, las microfinanzas están de moda. ¿Van a sufrir también ese ciclo de entusiasmo y luego de abandono? El interés mediático de los años 90 sobre el tema nunca ha sido desmentido. Hemos sido testigos de una multiplicación de los actores implicados y de las herramientas propuestas: una media del 25% de préstamos más cada año. Jóvenes financieros brillantes comienzan sus carreras y los fondos de inversión de los países del norte se apresuran a financiar el sector. Se dice que las microfinanzas resolverán definitivamente el problema de la pobreza urbana, del aislamiento de las poblaciones rurales y que despertará en cada uno la vena empresarial. Permitiría incluso contribuir a llevar la paz a nivel global: la decisión de otorgar el premio Nobel de la Paz al Sr. Yunus, que ha aportado una formidable visibilidad al sector, podría interpretarse de este modo.
 
¿Se pueden atribuir realmente todos estos méritos a las microfinanzas? Sin duda alguna, esta herramienta debe ocupar el lugar que merece: el de un instrumento que reduce eficazmente la vulnerabilidad financiera, pero que por sí solo no puede erradicar la pobreza, y cuyo empleo es a veces más social que productivo. Permiten apoyar la creatividad y la iniciativa de los pobres, y en particular de las mujeres, pero no pueden crear las condiciones de esa iniciativa, ni ofrecer las oportunidades de inversión cuando no existen, ni levantar solas los inmensos obstáculos físicos, políticos y culturales que a menudo enfrentan los países en desarrollo en su búsqueda para más prosperidad. Por tanto, deben formar parte de una política pública global de desarrollo del mundo financiero, de los servicios, de las infraestructuras, y que aun más brinda oportunidades para los más pobres. Y si, como lo aboga el Profesor Yunus, pueden contribuir a cambiar las estructuras del capitalismo, no sustituirán sin embargo a las inversiones en lo que respecta a sectores tales como la educación o la sanidad.

Entendámonos: nuestra preocupación es evitar que las microfinanzas sufran las consecuencias de su propio éxito, ya que sobrevalorar su impacto podría hacernos perder de vista sus auténticos beneficios. Por tanto, es esencial medirlos con precisión: éste es el motivo por el cual mi agencia está realizando actualmente, en las zonas rurales aisladas de Marruecos, una evaluación de los impactos socioeconómicos de los programas de microfinanzas que apoyamos.        

Así pues, este enfoque equilibrado también es la condición del futuro desarrollo de las microfinanzas ya que, pese a sus éxitos, no cabe duda de que el sector aún no ha alcanzado la madurez y sigue enfrentándose a dos principales desafíos.
El primero es aumentar la viabilidad y la calidad de los servicios financieros propuestos para amplificar sus impactos sociales: Para ello, es preciso institucionalizar y profesionalizar las instituciones de microfinanzas. En un sector más complejo y múltiple de lo que se piensa frecuentemente, no existe un sistema de gestión perfecto, sino adaptaciones a los diferentes contextos y culturas de los países interesados. El desarrollo cualitativo del sector pasará también por la promoción de los sistemas bancarios locales y la valorización de un marco legislativo y regulatorio adaptado.           
El segundo desafío es ampliar estos servicios a los más pobres y a las regiones menos desarrolladas, en particular las zonas rurales. Ese desafió es todavía más necesario teniendo en cuenta la crisis alimentaría que atravesamos. Existen iniciativas interesantes, como por ejemplo el “mobile banking” en Kenia o Sudáfrica, pero si comparamos los 130 millones de beneficiarios de las microfinanzas con los 3.000 millones de personas en el mundo que viven por debajo del umbral de la pobreza, parece indispensable favorecer el acceso a estos servicios financieros, en definitiva: hacerlos más “inclusivos”.          

Paralelamente, ya existen y se desarrollan nuevas potencialidades interesantes, como el microseguro (protección contra el riesgo climático para los agricultores, o cobertura sanitaria para los más desfavorecidos). Pero todo nuevo crecimiento deberá orientarse hacia la estructuración y la regulación del sector, con sistemas de control y garantías eficaces contra los riesgos. Los proveedores de fondos deben asistir a las instituciones de microfinanzas en esta dirección, puesto que la protección y, sobre todo, la perennidad de las estructuras de microfinanzas deben ser nuestras prioridades. Estas son nuestras responsabilidades a favor de todos los que han depositado sus esperanzas en este nuevo servicio.            

En consecuencia, ¿las microfinanzas sólo producen microimpactos? No sólo, dado que el largo camino del desarrollo está constituido precisamente por la acumulación de microcambios a nivel de las familias y las comunidades. Pero tal podría ser el riesgo, si el enfoque del desarrollo se resumía en la única promoción de un instrumento que, tan admirable como es, no puede, más que otro, ser une varita mágica ni un milagro por si mismo.

JMS

Al recorrer el perímetro del cultivo de arroz del Valle del Río Senegal, me he sentido afianzado en la idea de que el alza del precio de las materias primas agrícolas ofrece nuevas perspectivas para la agricultura africana. Las transformaciones que suscita actualmente en Senegal son sorprendentes. Ciertamente, este alza espectacular implica muchos desafíos para los países importadores netos de productos agrícolas, así como para el Programa Alimentario Mundial, tal como subraya con fuerza Josette Sheeran en las columnas de este blog, y conlleva fuertes tensiones sociales y políticas en algunos medios urbanos. Para ser rentable, las ciudades tienen que ser aún más los proveedores y prestatarios de servicios de las zonas rurales, es decir que se beneficien directamente de la mejora del futuro de estas últimas. Volveré a tratar en otra crónica este vínculo fundamental.
En mi opinión, si este alza se gestionara hábilmente, podría representar una auténtica oportunidad para el desarrollo económico de África. Los precios de los productos africanos vuelven a ser atractivos, abriendo nuevas oportunidades comerciales tanto para la agricultura alimentaria como para los productos destinados a la exportación. Los agricultores senegaleses con los que me he entrevistado han vuelto a invertir, señal de que se avecinan tiempos mejores.

Ahora bien, hay que apostar fuerte porque este incremento del precio de las materias primas agrícolas persistirá en los próximos años. Por supuesto, hay elementos de especulación en el nivel actual de los precios agrícolas. La volatilidad que experimentan los mercados no hace improbable que se produzcan correcciones y garantiza, con toda certeza, fluctuaciones a corto plazo que podrían ser considerables. Pero algunos factores estructurales (aumento de la demanda de agrocarburantes, crecimiento demográfico mundial, regímenes más ricos en carne y desequilibrios climáticos) hacen muy probable que prosiga la tendencia alcista -que aumenta considerablemente la rentabilidad de las inversiones. La agricultura africana, cuyo potencial de desarrollo es inmenso, podría beneficiarse ampliamente, a corto y medio plazo, de esta evolución.
El Valle del río Senegal ofrece a este respecto el ejemplo sorprendente de una zona agrícola donde los márgenes de productividad siguen siendo considerables. Dado que los recursos hídricos son importantes, que las prestaciones técnicas de los cultivadores tradicionales no cesan de mejorar y que la agroindustria experimenta una rápida modernización (riego puntero y herramientas eficientes), la zona de riego podría ampliarse aún más. Con importantes inversiones en infraestructuras, Senegal podría crear en el valle las condiciones del desarrollo de una agricultura muy competitiva. En este sentido, la combinación de las nuevas perspectivas de precios y la ampliación del riego podrían constituir, en un país en el que el sector agrícola representa actualmente el 18% de la estructura económica, una dinámica fuertemente estabilizante para la economía nacional. Esto también es cierto para otras regiones: en Malí, la zona Office del Níger también está lejos de haber agotado su perímetro de regadío.

Pero el indispensable aumento de la producción agrícola africana plantea con fuerza el problema de la capacidad energética. En efecto, cualquier modernización del aparato de producción requiere un acceso sostenible a la energía. No sólo es esencial para bombear agua del río y exportar los productos, sino también para conservarlos por medio de la cadena de frío. Esta cuestión es especialmente acuciante debido a la crisis energética que atraviesa el continente: estos últimos años habría costado entre 1 y 1,5 puntos de crecimiento en la mayoría de los países de África del oeste. Por otra parte, el sector de la electricidad ha sido afectado fuertemente en Senegal, donde la oferta ha resultado hasta la fecha insuficiente para satisfacer entre el 8 y el 10% de incremento anual de la demanda. Los agricultores locales temen que un aumento de los precios de la energía contrarreste las ganancias resultantes del incremento de los precios de los productos agrícolas.

Así pues, vemos surgir aquí la difícil problemática de las opciones energéticas nacionales, ya que la coyuntura de los precios internacionales podría ser la ocasión para los países africanos de dotarse de nuevas fuentes de energía. La opción más razonable, ya sea con una perspectiva de preservación del medio ambiente, de independencia energética y de competitividad de los precios a medio plazo, o en una lógica global de preservación de los recursos no renovables sería, por supuesto, favorecer a partir de ahora el desarrollo de energías renovables (eólica, solar, biomasa e hidroelectricidad). Pero nos encontramos frente a un problema de “competencia desleal” de los combustibles fósiles, cuyos costes de inversiones técnicas siguen siendo menores, que ofrecen la ventaja de estar disponibles inmediatamente y a veces son subvencionados.

Todo esto lleva a plantearse una cuestión fundamental: ¿puede esperar África la instalación de estas energías limpias mientras que las evoluciones actuales ofrecen posibilidades de crecimiento económico posiblemente rápidas? ¿No nos encontramos ante una dicotomía de temporalidad entre lógica medioambiental y lógica de crecimiento a corto plazo? Habida cuenta de nuestras propias elecciones energéticas del pasado, ¿tenemos alguna legitimidad para decir a los africanos que no deberían dotarse de centrales contaminantes para responder a sus necesidades urgentes? ¿Realmente tienen la opción de arbitrar entre equipamientos disponibles in situ todavía poco costosos y opciones energéticas prudentes a largo plazo, incluso para su crecimiento, pero costosas en el momento en el que estamos hablando y técnicamente más complejas de implantar?

La opción de las energías renovables, aunque deba fomentarse desde ahora, sería implantada efectivamente a largo plazo. Es evidente que los países en vías de desarrollo no podrán enfrentarse solos a todos los gastos financieros, técnicos y operativos que induce esta opción. Este es el motivo por el que deberemos apoyar a lo largo del tiempo, mediante una ayuda a la vez financiera y técnica, a sus actores públicos y privados. La experiencia de los países del norte podría transferirse eficazmente, de manera progresiva, con objeto de anticiparnos a las futuras necesidades. Pero, frente a la amplitud de las necesidades alimentarias mundiales inmediatas y ante las oportunidades comerciales que se vislumbran actualmente, no podemos prohibir el crecimiento en África. Así pues, un enfoque equilibrado entre la oportunidad económica a corto plazo y la promoción del respeto de las normas medioambientales emergentes parece ser el enfoque más eficiente.

La actual reforma del sector eléctrico en Senegal se inscribe plenamente en este procedimiento. El ambicioso proyecto, acompañado por la Agencia Francesa de Desarrollo, propone un plan de recuperación (2007-2012) basado en una reestructuración financiera e institucional del sector. Promueve el refuerzo de las instalaciones y de las capacidades de producción de electricidad, y la prosecución de nuevas inversiones, así como una política de incitación al ahorro de energía y a la eficiencia energética. Paralelamente, la reforma va acompañada de una voluntad política de desarrollo de las energías renovables, mientras que el 80% del parque de producción senegalés es actualmente de origen térmico. Se van a llevar a cabo tres grandes proyectos hidroeléctricos regionales y se crearán numerosas unidades de producción de energía solar y eólica.
Una reforma que, si se realiza de forma eficaz, permitirá que Senegal no tenga que elegir entre crecimiento económico y crecimiento ecológico.

JMS

Mucho se habló de la expansión de nuevas formas de criminalidad merced a las tecnologías de la información y de la comunicación y a la ingeniería financiera, y de integración regional a través de organismos como
la OHADA de la que tuve oportunidad de tratar en mi primer blog. Volveré a referirme a algunos de estos temas en otra ocasión. 

Pero a continuación desearía ahondar en el siguiente aspecto: la diversidad de los sistemas jurídicos y judiciales, y lo necesaria que es para que éstos contribuyan realmente al desarrollo.  

La justicia es universal y el estado de derecho es un objetivo impepinable. Si bien esto es cierto,  ni la forma de hacer justicia, ni la realización del estado de derecho en sus múltiples variantes pueden reducirse a esquemas mecánicos ni medirse de forma meramente cuantitativa. No pueden obviarse las raíces históricas ni del derecho per se ni de los sistemas judiciales y de sus distintos protagonistas, so pena de que estas raíces se conviertan en obstáculos ocultos a evoluciones deseables. 

Desde sus inicios, la colonización, ya sea en África o en Latinoamérica, destruyó las formas tradicionales de justicia y estableció instituciones judiciales y normas jurídicas ajenas a las necesidades de las poblaciones y a su vida diaria. Al verse sojuzgadas, éstas no tuvieron más remedio que esquivar el sistema jurídico y sustraerse al sistema judicial, y, una vez proclamada la independencia, subvertirlos ambos. Lo que se ha venido a tachar de clientelismo y corrupción se debe inicialmente a este rechazo y no era en sus orígenes más que la afirmación del necesario lazo personal o social entre en el que pide justicia y el que juzga. 

Que quede claro: en la actualidad, la monetarización de las relaciones humanas y el predominio innegable de las relaciones mercantiles han propiciado una proliferación insoportable de la prevaricación, el abuso de cargos administrativos o judiciales para el enriquecimiento propio y el establecimiento de redes de servicios mutuos en detrimento del interés general, de la neutralidad y de la justicia y de la equidad. Por ello, la corrupción constituye uno de los principales obstáculos al desarrollo. 

¿Pero tienen la culpa de esta corrupción tan difícil de erradicar, y por otra parte tan bien documentada y diariamente denunciada, los distintos tipos de derecho? Según algunos análisis que más que centrarse en el sistema jurídico lo hacen en la organización judicial, sí; y su conclusión es que ha de prevalecer un derecho en concreto sobre los demás y que todos los sistemas han de converger hacia a él. 

Podemos ver las cosas de otro modo. Ningún derecho es mejor que otro, siempre y cuando sirva para regular las relaciones entre las personas o los grupos, proteger a los más débiles y hacer que impere cierta equidad en el funcionamiento de la colectividad. En definitiva, todo depende de cómo se administre la justicia. 

Las sociedades de los países en desarrollo fundamentaron sus corpus jurídicos en los grandes tipos de derecho de origen europeo, que les habían sido impuestos, y en sus propias tradiciones, para llegar a conjuntos que tienen su lógica. Si queremos luchar eficazmente contra las derivas y las esquivas, hemos de partir de esa lógica y de su historia.  

No existe ningún derecho que intrínsecamente sea capaz de erradicar la corrupción y los abusos de poder. Es el corpus político en su conjunto quien limita progresivamente esos delitos, y es él quien ha de movilizarse regularmente para impedir que resurjan. Y cuanto más familiares le sean los instrumentos jurídicos y judiciales a los que recurre, y más concernido se sienta por la solución de esos problemas, mejor lo hará.  

Claro está que no subestimo las nuevas formas de delincuencia que debilitan a los Estados y lastran su funcionamiento: el terrorismo, el crimen transnacional organizado, el blanqueo de capitales y el cibercrimen. El marco jurídico de cada país ha de ser capaz de llevar a cabo las adaptaciones necesarias para lidiar con la globalización de los intercambios, la mundialización de las economías y los movimientos de poblaciones. Pero las soluciones eficaces residen en el diálogo entre distintos sistemas jurídicos y en la profundización de cada uno de ellos, y no en una uniformización que aventajará a los más ricos y más duchos de entre aquellos que hacen la ley. 

No es fácil reunir al gran número de personas que acudieron la semana pasada a Ginebra para asistir a nuestro primer Examen Global de la Ayuda para el Comercio.

Bob Zoellick, del Banco Mundial; Dominique Strauss-Kahn, del FMI; Kemal Dervis, del PNUD;  Donald Kaberuka, del Banco Africano de Desarrollo;  Luis Alberto Moreno, del Banco Interamericano de Desarrollo;  y Rajat Nag, del Banco Asiático de Desarrollo: todos estuvieron presentes.  ¡Afortunadamente, ninguno de ellos perdió el avión!

También han estado con nosotros Supachai Panitchpakdi, de la UNCTAD;  Juan Somavia, de la OIT;  Edouard Dayan, de la Unión Postal Universal;  Patricia Francis, del CCI;  y Abdoulie Janneh, de la CEPA de las Naciones Unidas.  ¡Jamás se habían visto en nuestra sede tantos responsables de organizaciones reunidos en una conferencia como ésta!  Creo que ello es una clara señal de la importancia que todos concedemos a la Ayuda para el Comercio.

Jefes de los organismos multilaterales.
De izquierda a derecha: Luis Alberto Moreno, BID - Edouard Dayan, UPU - Dominique Strauss-Kahn, FMI - Rajat Nag, BAsD - Patricia Francis, CCI - Abdoulie Janneh, CEPA - Pascal Lamy, OMC - Angel Gurría, OCDE - Valentine Rugwabiza, OMC - Kemal Dervis, PNUD - Robert Zoellick, Banco Mundial - Juan Somavia, OIT - Donald Kaberuka, BAfD

También han estado presentes ministros de muchos de nuestros países Miembros, así como representantes de la sociedad civil y de los círculos empresariales.

Esta conferencia nos ha proporcionado los instrumentos que necesitamos para poner en marcha nuestros planes.  Periodistas y miembros de la sociedad civil me han preguntado qué ha sido lo que ha hecho que esta conferencia sea especial.  No cabe duda de que se celebran demasiadas conferencias.  ¿Qué ha sido pues lo que ha hecho que ésta sea especial?

Yo diría que hay tres elementos nuevos:  en primer lugar, hay consenso en pasar a la fase de la aplicación, en seleccionar las prioridades sectoriales y en incorporarlas a las estrategias de desarrollo nacionales y regionales.  En segundo lugar, es necesario que elaboremos unos buenos instrumentos de supervisión y evaluación;  y, en tercer lugar, es necesario que aseguremos una financiación adecuada.

Los donantes han asumido compromisos que se traducirán en 8.000 millones de dólares de nuevos fondos de Ayuda para el Comercio a más tardar en 2010 y que elevarán la ayuda total a 30.000 millones de dólares.  Los países beneficiarios necesitan disponer de infraestructuras, aumentar su capacidad institucional, mejorar sus servicios de normalización y de pruebas y ampliar los conocimientos de sus funcionarios sobre cómo sacar provecho de las normas de la OMC.  Sin embargo, incluso con estos compromisos financieros reforzados, los recursos serán siempre limitados.  Por ello es absolutamente necesario que los donantes cumplan sus promesas y que los países beneficiarios establezcan un orden de prioridades.  Carreteras, telecomunicaciones, puertos, laboratorios de pruebas, programas de formación:  todos ellos son fundamentales, pero no es posible que todos los países tengan todo lo que desean.           

Es evidente que tendremos que trabajar mucho en  2008.

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